28 trabajadores africanos embarcados en clamareros chinos denunciaron en Montevideo trabajar en condiciones de esclavitud
Transcribimos aquí la nota de Mariana Contreras publicada en Brecha el 23 de mayo
Trabajadores africanos posibles víctimas de trata
Mientras el juez Horacio Míguez y la fiscal Sandra Boragno determinan las responsabilidades de los contratantes de los africanos desembarcados en Montevideo, el sindicato apunta contra la naviera Christophersen, a la que señalan como recurrentemente vinculada a casos de este tipo.
Son 24 ciudadanos de Sierra Leona y otros cuatro de Ghana, con un contrato firmado en Nigeria y embarcados en tres buques calamareros que zarparon de China. Siete meses después fueron transferidos al buque Jai De I, que atracó en la zona de fondeo y servicios del puerto de Montevideo y del que fueron transferidos a tierra el pasado lunes. La empresa contratante había comprometido el pago de 500 dólares mensuales que por razones que aún no están claras quedarían luego en 390, aunque ni una ni otra cifra fueron abonadas durante la estadía en alta mar. En tierra los esperaba un ciudadano chino que llegó a Uruguay en representación de los contratantes y se encargó del traslado de los trabajadores a un hotel céntrico que habría pagado la empresa Christophersen –la firma marítima más importante que opera en el país, cuya función es la representación en tierra de los armadores pesqueros–. Allí también estuvo Sandy Huang, “supuestamente” representante de la empresa contratante en Uruguay, “de la que nunca se sabe su dirección” –según dijeron a Brecha trabajadores de la pesca uruguayos–, y que desapareció de escena luego de la llegada de la prensa al hotel.
Sin embargo, el aspecto laboral quedó en segundo plano cuando el martes Michael Ama, ghanés que hace varios años vive en Uruguay y afiliado al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (suntma), se cruzó con varios de los trabajadores. Ama conoció de primera mano el relato sobre la situación de esclavitud a la que eran sometidos: jornadas de trabajo de más de 16 horas en cubierta, incluso estando enfermos, para luego ser atados con grilletes en el sótano de la embarcación; recibían castigos físicos (golpes e incluso puñaladas, según contaron) y una pésima alimentación –consistente fundamentalmente en algo similar a charque de calamar y arroz–, además de agua del océano destilada para beber. El miércoles por la mañana tres de los trabajadores se presentaron ante la Prefectura del puerto a denunciar los haberes impagos y fueron derivados al Ministerio de Trabajo. Horas después volvieron, acompañados ya por el sindicato, a radicar la denuncia por malos tratos. Prefectura dio pase a la justicia, y ahora la investigación se sustancia en el Juzgado Penal de 15º turno, a cargo del juez Horacio Míguez y de la fiscal Sandra Boragno.
LA TRATA Y LA ESCLAVITUD. El relato de los africanos no sorprendió a los trabajadores de la pesca uruguayos. No es la primera vez que se enfrentan a un caso –contó Carlos Vega, secretario del suntma– donde la oficialidad asiática (sea china o coreana) la emprende contra una tripulación africana, vietnamita o filipina, entre otras. Los casos que llegan a Uruguay, dijo el sindicalista, siempre se presentan en barcos vinculados a Christophersen, aunque esta empresa ha reiterado en los últimos días que no le cabe responsabilidad en la situación.
Por lo pronto el juez Míguez ya declaró la prohibición de que el Jai De I abandone el puerto, y su capitán, junto al primer oficial y el contramaestre, fueron trasladados a tierra para tomarles declaración, explicó a Brecha Gastón Jaunsolo, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Armada. Mientras tanto, los trabajadores fueron alojados en la Unidad de Apoyo de Prefectura, en el Cerro.
“La pregunta que yo me hago es: ¿si te piden que bajes 28 tripulantes, no tendría que haber un control sanitario?”, cuestionó Vega, que agregó que eso sí sucede en otros puertos del mundo. Tanto él como la abogada del sindicato, Isabel Camarano, cuestionaron que la empresa Christophersen, Prefectura o los funcionarios chinos no hayan prestado asistencia sanitaria a los trabajadores, cuando es notorio que llegaron con heridas. Según Jaunsolo, Prefectura se encarga de chequear que el papeleo de cada trabajador esté en regla, entre ellos los documentos sanitarios, pero “sería imposible” hacer un chequeo de salud a cada tripulante que desembarca en Montevideo.
En una reunión realizada en la cancillería el miércoles, en la que participaron el sindicato, asse, Mides, mtss, Migraciones, la Presidencia, Mundo Afro, el Centro África-Uruguay, entre otras instituciones, se dio a conocer que la empresa asegura que había adquirido los pasajes de vuelta a África para los trabajadores. Camarano dijo a Brecha que al menos por ahora éstos permanecerán en el país y que los empresarios habían anunciado a los trabajadores la intención de descontarles de su salario el costo del pasaje: “En siete meses no les pagaron nada, pretendían cobrarles un pasaje de 2 mil dólares, y es probable que quisieran devolverlos a África sin pagarles nada”, insinuó.
La abogada dijo también que con base en el relato de los extranjeros todo indica que fueron tratados como “mano de obra esclava”. “Si están sujetos a grilletes en un sótano, los subís sólo para trabajar, en jornadas de 16 horas, y los volvés a bajar, infligís castigos físicos y no les das agua ni alimentos…”, aunque advirtió que será el juez quien caratule el expediente. El Código Penal uruguayo en su artículo 280 prevé penas de dos a seis años de penitenciaría para “el que redujere a esclavitud o a otra condición análoga a una persona, el que adquiera o transfiera esclavos y el que trafique con ellos”.
Habrá que ver además si existen méritos suficientes para considerar lo sucedido como un delito de trata, establecido en la ley 18.250: “Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a 16 años de penitenciaría”.
En ámbitos oficiales la información que se brinda es escasa. En la reunión de la cancillería los representantes de asse se excusaron de dar cualquier información vinculada a la salud de los extranjeros, argumentando la confidencialidad de la historia clínica, y únicamente la justicia tendrá acceso al informe. Ese mismo día la institución emitió un comunicado de prensa en el que sólo informó que 13 trabajadores fueron dados de alta luego de que se derivara a todos a los hospitales Saint Bois y Maciel. Por su parte, la cancillería señaló, también a través de un comunicado, que “no se ha confirmado ninguna presunción que suponga riesgo sanitario”, despejando los rumores sobre malaria y tuberculosis.
Los comunicados nada informan sobre la situación de desnutrición que presentarían varios de los marinos, así como tampoco de las heridas en sus cuerpos que fueron difundidas en la prensa.
Por su parte, la Inspección del Trabajo se encuentra investigando los incumplimientos en materia laboral, y hoy viernes a las 15.30 el sindicato mantendrá una reunión con la empresa Christophersen, en la sede de la Dirección Nacional del Trabajo, en busca de esclarecer las responsabilidades en las deudas generadas con los trabajadores.