Les dejamos una nota de Guzmán Díaz publicada originalmente en «Brecha» el 7/02/1986 y reproducida en la revista 5//5 de marzo de ese mismo año, el la que el autor detalla algunos aspectos de los inicios de la industria pesquera en Uruguay
El desarrollo pesquero
«Al principio fue el caos». Así podríamos comenzar una historia de la pesca en el Uruguay.
Sin embargo, no nos vamos a remontar a los orígenes históricos del sector; tan sólo diremos que en 1974 – 63 años después de creado el Instituto de Pesca (21/9/1911) y un año antes de la puesta en marcha por INAPE del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero-, el país apenas exportaba algo más de 1 millón de dólares de pescado sin elaborar.
Esta es la expresión en cifras de una frustración.
El país no había tenido una política pesquera. El SOYP, organismo del Estado al que por ley se le había encomendado: «Fomentar y propiciar la creación de colonias y cooperativas de pescadores, y en general toda actividad privada cuya finalidad sea la pesca marítima», había fracasado en estos cometidos.
Peor aún: bajo algunos directorios llegaría a erigirse en un escollo insalvable. A nuestro juicio, el error consistió en acumular en el instituto pesquero funciones que normalmente compiten entre sí; en efecto, además de las actividades industriales y comerciales, el SOYP debía controlar -y podía sancionar- a las empresas que eran sus competidoras sin estar, a su vez, sometido a control similar.
Este vicio de origen es el que se corrigió con la división de funciones entre ILPE e INAPE.
El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero – sobre cuyos objetivos e instrumentación venía trabajando desde hacía varios años la «Junta Nacional del Pesca» (1972), aún antes, la «Comisión de Desarrollo de la Industria Pesquera CODEPU» (1970)-, es finalmente ajustado y puesto en práctica por el «Instituto Nacional de Pesca, INAPE» (1975).
Podrá discreparse con algunos aspectos del Plan, pero es innegable que, por primera vez, el Uruguay dispuso de un instrumento coherente -que respondía a una filosofía concreta-, para intentar su desarrollo pesquero.
La política que se propuso desarrollar INAPE fue nacionalista, planificadora y dirigista.
El objetivo era crecer sin depredar, manteniendo a la vez el equilibrio básico entre la captura y la capacidad instalada de industrialización.
El propósito perseguido era no exportar pescado sin algún grado de procesamiento en fábrica.
Esta medida a la vez que incrementaba notoriamente el valor del producto exportado, aseguraba la creación de puestos de trabajo en tierra en la industria procesadora y en una importante cantidad de actividades laterales y concurrentes.
La trascendencia de esta medida queda de manifiesto si consideramos que la fuerte industria pesquera del sur de Brasil, al tener cortado su acceso a nuestras aguas, se quedaba sin materia prima que elaborar; por lo tanto era previsible que succionaría la producción de mnuestros armadores, matando a la incipiente a la incipiente industria uruguaya.
Cuando esto sucediera, ya tendrían ocasión los procesadores brasileños de bajar los precios, nuevamente, a los niveles convenientes a sus intereses.
Para entonces nuestros pescadores no tendrían otra alternativa que colocar su producción en aquel mercado. Este mecanismo es el que, aún hoy, se resisten a comprender algunos armadores.
No obstante, es necesario reconocer que ciertos industriales se aprovecharon de la norma impuesta para maniobrar el mercado en perjuicio de quienes estaban obligados a entregarles la materia prima.
Algunos (pocos perdo decisivos) de estos industriales, llevaron al borde la la ruina a armadores, que no hallaron mejor manera que la tradicional de intentar trasladar la situación crítica provocada, a sus trabajadores, desencadenando previsibles (y previstos) conflictos que costaron mucho dolo y sacrificio a quienes defendían la dignidad de su trabajo; pero también ¿qué duda cabe?, a los empresarios que fueron víctimas propiciatorias de las tres empresas que, calculadamente, lucraron con la situación vaciando sus cámaras (previsoriamente atestadas), mientras mantenían paradas sus fábricas y flotas, obteniendo ganancias «record» que las distanciaron para siempre de sus competidores.
La «ley de la selva» funcionó implacablemente, mal que les pese a la mayoría de los empresarios – armadores y procesadores -que áun no entienden qué les sucedió.
Sin duda, el desarrollo espectacular del sector pesquero en la década pasada fue favorecido por la política, y las medidas instrumentadas por INAPE, que impidieron que los créditos amplísimos (otro factor determinante) puestos al servicio de los proyectos aprobados, indujeran un crecimiento caótico debido a «las fuerzas que buscan exclusivamente su propio lucro sin tener en cuenta el interés general».
Sin embargo se descuidó proceder con la debida cautela al seleccionar a los beneficiarios; y, más imperdonable aún, el Banco República no hizo el debido seguimiento de los créditos otorgados.
En esta omisión más que en ninguna otra (de origen interno o externo), debe buscarse la causa – a nuestro juicio – del endeudamiento del sector pesquero. Creemos que los hechos dieron razón a la advertencia que formularía en 1972 el Grupo de Trabajo designado por el Ministerio de Industria y Comercio para la elaboración del Anteproyecto del Plan de Desarrollo de la Industria Pesquera, dicha advertencia terminaba diciendo:
«Además existen situaciones en que la sola obtención de los préstamos es de por sí un verdadero negocio, independientemente de los resultados de la actividad en el sector».
Hoy, cuando los armadores y los industriales, esgrimiendo estadísticas pretenden demostrar que fueron eficaces artífices del vertiginoso desarrollo pesquero, porque en una década, pasamos de pescar 16.000 ton/año, a picos de 140.000 ton/año; y de una exportación de 1 millón 200 mil dólares, alcanzamos a exportar hasta 60 millones de dólares en el mejor momento, nosotros nos preguntamos: ¨¿qué otra cosa podía ocurrir?».
El Estado les dio el dinero para comprar barcos y fábricas, los eximió de impuestos, les dio reintegros; y, además, creo un instituto: INAPE, para guiar los vacilantes pasos del comienzo. En estas condiciones, el crecimiento, era por lo menos que inevitable.
Lo que deben demostrar los empresarios es que fueron buenos administradores de los bienes que el país puso en sus manos. Y esto, nos permitimos dudar de que logren hacerlo. Hablamos en general, por supuesto.
En los diez años de funcionamiento del Plan Pesquero, el sector exportó por valores cercanos a los 400 millones de dólares, y mantiene una deuda superior a los 165 millones de dólares (mayoritariamente con la banca oficial). Esta cifra es similar a la inversión total realizada.
Como puede suponerse, la situacion de las empresas no es la misma en todos los casos, por ejemplo se ha llegado al extremo de que solo dos empresas (FRIPUR y ASTRA SA) totalicen en la actualidad el 45% de las exportaciones pesqueras uruguayas.
Hacia dónde vamos?
Si la concentración en la explotación del agro ya es grande – y sigue creciendo-, en nuestro territorio marítimo tiende a ser mucho más grave aún.
Este hecho -ya muy negativo desde el punto de vista social y económico-, será trágico cuando venga (que vendrá), la multinacional de la pesca a comprar el paquete accionario de una o dos empresas, y se apropie del sector pesquero uruguayo, desnacionalizándolo.
¿Qué hacer?
En su arranque, el desarrollo pesquero fue consecuencia de una decisión política, instrumentada y conducida por el Instituto Nacional de Pesca.
El Estado no sólo fijó los objetivos y creó las condiciones que favorecían ese desarrollo; también financió generosamente en un 100%.
Transcurrida algo más de una década desde el momento del despegue (…) los organismos públicos de crédito aún no recuperaron los préstamos concedidos.
Este es un hecho objetivo sobre el cual no puede ni debe hacerse un juicio global: en la raíz de la situación de cada una de las empresas del sector podrían señalarse causas que cubren un amplio espectro: desde la falta de un adecuado capital de giro, inexpereincia empresarial; manejo irresponsable, y aún razones…menos inocentes.
Por supuesto no desconocemos que la demencial conducción económica que padeció el país – agravada a partir del 79- fue un facto coadyuvante; pero más importante que buscar culpables, es salvar e impulsar un sector vital en el futuro económico del país.
La acción del Estado fue decisiva en la arquitectura del sector; si para salvarlos es necesario introducir reformas, éstas deberán hacerse, aunque deba llegarse hasta los mismos cimientos.